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Interior de rancho (Carlos Pellegrini, 1841, arriba). Prof. Luis C. Alén Lascano (abajo).
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Por Luis C. Alén Lascano
Hoy se cumplen los ciento ochenta y seis años de la Declaración de la Autonomía Santiagueña, pronunciamiento ampliamente justificado en su Acta y Manifiesto explicatorio cuyos fundamentos doctrinarios constituyen un documento fundamental para el desarrollo y la consolidación del federalismo argentino. Por ello mismo nuestra preocupación se dirigió a estudiar el tema y la personalidad de su autor, aún envuelto en la nebulosa de los hechos históricos no debidamente esclarecidos.
Ante el nuevo aniversario hay que abordar el tema desde sus antecedentes remotos e inmediatos que confieren solidez al anhelo autonómico del pueblo santiagueño. Estos antecedentes bien podrían ubicarse en el siglo XVI cuando tuvo lugar la lucha de las jurisdicciones entre el Virreinato del Perú y la gobernación de Chile, zanjados por el Rey Felipe II al crear en 1563 la Gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguitas cuya capital se estableció en Santiago del Estero, completando estas distinciones al concederle en 1577 las prerrogativas de Ciudad con título de Muy Noble.
Tal situación se mantuvo, al menos nominalmente, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata inspirado en la tradición centralista del unitarismo francés traído por los Borbones. En 1782 la ordenanza para el establecimiento de las gobernaciones-intendencias constituía la de Salta del Tucumán que incluía Santiago del Estero, y este régimen se mantuvo hasta 1814 en que por decreto del director Posadas una nueva subdivisión vino a nominar la provincia de Tucumán con jurisdicción sobre San Miguel, Santiago y Catamarca. Esta dependencia alteró el espíritu público y se produjeron las intentonas revolucionarias de 1815 y 1816 acaudilladas por Juan Francisco Borges, cuyo fracaso dejó la simiente autonómica en el alma provinciana.
No extrañó su estallido al amparo de los acontecimientos nacionales que dieron por tierra con los poderes centralistas, afianzadas por la batalla de Cepeda y el Tratado del Pilar a comienzos de 1820. Esa oportunidad fue aprovechada por los patriotas santiagueños al llamar al Comandante de Abipones Juan Felipe Ibarra con cuyo auxilio fueron desalojadas las tropas tucumanas y elegidas nuevas autoridades el 31 de marzo con un nuevo Cabildo y el Comandante Ibarra como Gobernador. Faltaba dar el paso definitivo de la autonomía que de hecho existía desde entonces y el 7 de abril se ordenó que en toda la jurisdicción se eligieran los electores que debían reunirse en la ciudad para “preparar la organización republicana y federal de este Estado” con relación a la República de Tucumán planificada por Bernabé Aráoz. Finalmente la torpeza del mandatario tucumano apresuró en la sensibilidad santiagueña la decisión autonomista y la Asamblea Electoral se constituyó el 25 de abril con representantes de todos los departamentos del interior y el “carácter revolucionario de legislatura constituyente”, al decir de Mitre en su “Historia de Belgrano”. Quince legisladores departamentales la integraban bajo la presidencia del presbítero Manuel de Frías, diputado por la Capital, eligiéndose Secretario al licenciado Fernando Bravo, de Matará, quien tuvo a su cargo toda la documentación y los trabajos de la Asamblea hasta el día 27 en que su renuncia fue aceptada y asumió esas tareas como Secretario ad-hoc el militar francés Juan José Dauxion Lavaysse, radicado temporariamente en Santiago.
Ese mismo día se dio a conocer el Manifiesto y Acta de Autonomía, redactada en términos doctrinarios tan precisos que el historiador López destacó que “ninguna otra levantó entonces más alto ni más luminosamente los grandes principios de la reorganización federal… ni los produjo de una manera más neta y categórica”. No obstante que el trabajo de la Asamblea estuvo confiado al licenciado Bravo y era efímera la actuación de Lavaysse, su connacional Paul Groussac escribió en el Ensayo Histórico sobre el Tucumán, de 1882, que “el documento fue redactado por el francés Lavaysse y está lleno de galicismos”. Tan débil argumentación se sostenía en un solo término aunque reconocía que la voz era también castellana y en el sentido aplicado en el Manifiesto autonomista. Sin embargo la mentalidad reinante en su época no podía concebir en un nativo del medio la cultura política capaz de redactar un documento de tanta jerarquía intelectual y fue fácil adjudicarle su autoría al único extranjero allí presente, para crear una leyenda que todavía perdura, pese a su endeblez.
Una paciente investigación del doctor Alfredo Gargaro dada a luz en 1943 destruyó esa falsedad aunque desgraciadamente sus términos están hoy olvidados. Este escrupuloso académico afirmó “por haber tenido en mis manos el documento original… que en la caligrafía del documento ereccional y la carta de defensa personal escrita a Pueyrredón, se nota fácilmente la diferencia de escritura, que induce a decir que no es la misma persona quien hiciera ambos documentos. Lavaysse no hizo más que firmar lo que había dejado hecho su antecesor el licenciado Fernando Bravo, persona capaz y entendida en materia de derecho”. Después de estas contundentes manifestaciones el enigma del autor de nuestra Acta se ha despejado totalmente aunque cierta historiografía se niegue a reconocerlo a pesar del tiempo transcurrido desde la publicación del doctor Gargaro.
La personalidad del licenciado Fernando Bravo
Tal situación se mantuvo, al menos nominalmente, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata inspirado en la tradición centralista del unitarismo francés traído por los Borbones. En 1782 la ordenanza para el establecimiento de las gobernaciones-intendencias constituía la de Salta del Tucumán que incluía Santiago del Estero, y este régimen se mantuvo hasta 1814 en que por decreto del director Posadas una nueva subdivisión vino a nominar la provincia de Tucumán con jurisdicción sobre San Miguel, Santiago y Catamarca. Esta dependencia alteró el espíritu público y se produjeron las intentonas revolucionarias de 1815 y 1816 acaudilladas por Juan Francisco Borges, cuyo fracaso dejó la simiente autonómica en el alma provinciana.
No extrañó su estallido al amparo de los acontecimientos nacionales que dieron por tierra con los poderes centralistas, afianzadas por la batalla de Cepeda y el Tratado del Pilar a comienzos de 1820. Esa oportunidad fue aprovechada por los patriotas santiagueños al llamar al Comandante de Abipones Juan Felipe Ibarra con cuyo auxilio fueron desalojadas las tropas tucumanas y elegidas nuevas autoridades el 31 de marzo con un nuevo Cabildo y el Comandante Ibarra como Gobernador. Faltaba dar el paso definitivo de la autonomía que de hecho existía desde entonces y el 7 de abril se ordenó que en toda la jurisdicción se eligieran los electores que debían reunirse en la ciudad para “preparar la organización republicana y federal de este Estado” con relación a la República de Tucumán planificada por Bernabé Aráoz. Finalmente la torpeza del mandatario tucumano apresuró en la sensibilidad santiagueña la decisión autonomista y la Asamblea Electoral se constituyó el 25 de abril con representantes de todos los departamentos del interior y el “carácter revolucionario de legislatura constituyente”, al decir de Mitre en su “Historia de Belgrano”. Quince legisladores departamentales la integraban bajo la presidencia del presbítero Manuel de Frías, diputado por la Capital, eligiéndose Secretario al licenciado Fernando Bravo, de Matará, quien tuvo a su cargo toda la documentación y los trabajos de la Asamblea hasta el día 27 en que su renuncia fue aceptada y asumió esas tareas como Secretario ad-hoc el militar francés Juan José Dauxion Lavaysse, radicado temporariamente en Santiago.
Ese mismo día se dio a conocer el Manifiesto y Acta de Autonomía, redactada en términos doctrinarios tan precisos que el historiador López destacó que “ninguna otra levantó entonces más alto ni más luminosamente los grandes principios de la reorganización federal… ni los produjo de una manera más neta y categórica”. No obstante que el trabajo de la Asamblea estuvo confiado al licenciado Bravo y era efímera la actuación de Lavaysse, su connacional Paul Groussac escribió en el Ensayo Histórico sobre el Tucumán, de 1882, que “el documento fue redactado por el francés Lavaysse y está lleno de galicismos”. Tan débil argumentación se sostenía en un solo término aunque reconocía que la voz era también castellana y en el sentido aplicado en el Manifiesto autonomista. Sin embargo la mentalidad reinante en su época no podía concebir en un nativo del medio la cultura política capaz de redactar un documento de tanta jerarquía intelectual y fue fácil adjudicarle su autoría al único extranjero allí presente, para crear una leyenda que todavía perdura, pese a su endeblez.
Una paciente investigación del doctor Alfredo Gargaro dada a luz en 1943 destruyó esa falsedad aunque desgraciadamente sus términos están hoy olvidados. Este escrupuloso académico afirmó “por haber tenido en mis manos el documento original… que en la caligrafía del documento ereccional y la carta de defensa personal escrita a Pueyrredón, se nota fácilmente la diferencia de escritura, que induce a decir que no es la misma persona quien hiciera ambos documentos. Lavaysse no hizo más que firmar lo que había dejado hecho su antecesor el licenciado Fernando Bravo, persona capaz y entendida en materia de derecho”. Después de estas contundentes manifestaciones el enigma del autor de nuestra Acta se ha despejado totalmente aunque cierta historiografía se niegue a reconocerlo a pesar del tiempo transcurrido desde la publicación del doctor Gargaro.
La personalidad del licenciado Fernando Bravo
Firmaba humildemente Fernando Bravo, pero en realidad se llamaba Fernando Bravo de Zamora y Paz de Figueroa pues era hijo del Maestre de Campo Fernando Bravo de Zamora y de doña Isabel de Paz y Figueroa, nacido en Santiago del Estero el 21 de septiembre de 1759 con el padrinazgo del Maestre de Campo Francisco Javier de Saavedra Gramajo y su esposa doña María Juana de Paz y Figueroa, hermana de la Beata María Antonia de Paz y Figueroa y prima segunda de la madre del general Juan Felipe Ibarra de Paz y Figueroa, según la información genealógica de otro miembro de ese linaje, don Alberto Bravo de Zamora. Al conocer su temprana vocación religiosa fue enviado al Monserrat de Córdoba en 1776 graduándose como bachiller, licenciado y maestro de Artes en 1783. Allí fue contemporáneo en sus estudios con el presbítero Manuel de Frías en 1795, quien presidió la Asamblea autonomista, y sus hermanos Félix Ignacio y Francisco Javier; Pedro León Gallo de 1799, presbítero Alonso Garay de 1763, Baltasar Borques de 1779, Félix Acosta de 1777, aunque anterior a Juan Felipe Ibarra de 1801 y el Maestro Felipe Ferrando de 1800.
Una vez ordenado sacerdote, a partir de 1784 sirvió en Soconcho, luego tres años en la Reducción de Petacas, en 1796 se lo trasladó a Catamarca y vuelto a Santiago en 1802 vivió en la Reducción de Abipones y finalmente su destino estuvo como cura de Matará, desde donde venía a Santiago y tomaba participación en la vida pública. Esta actuación y su reconocida versación llevaron al Cabildo en 1813 a designarlo conjuntamente con D. Manuel Gregorio Caballero para tomar las pruebas de oposición a los maestros concursantes para ocupar la Escuela donada por el General Belgrano, que finalmente no llegó a inaugurarse. Igualmente, en la Asamblea electoral del 4 de abril de 1816 llamada a elegir uno de los dos diputados santiagueños al Congreso de Tucumán para acompañar a Uriarte, obtuvo dieciséis votos contra veinticuatro del presbítero Pedro León Gallo, en otro episodio de su prestigio y consideración a su versada capacidad. No extrañó entonces su elección en representación de Matará, donde estaba su ministerio, para la Asamblea de 1820 y la designación junto a Frías en la presidencia de la misma, para ocupar la secretaría del cuerpo. Con estos prestigios y las evidentes huellas del conocimiento del derecho público de raíz hispana conforme a su formación filosófica nutrida de la concepción suareciana del pacto político originario de toda autoridad, “convencidos del principio sagrado que entre hombres libres, no haya autoridad legítima sino la que dimana de los votos libres de los ciudadanos” -como dice el Manifiesto autonomista en demostración de las fuentes de su autor, no cabe dudas en la pertenencia a Bravo de Zamora. Y la mención concreta al régimen constitucional norteamericano pertenecía al conocimiento común del sistema federal desde los tiempos de Borges y las resonancias del artiguismo en Santiago.
Creemos, por eso, haber aportado una información necesaria para el esclarecimiento del autor de nuestros documentos fundadores, y es de justicia exaltar la figura del licenciado Fernando Bravo de Zamora en su real significación histórica, porque después de esa larga trayectoria civil y religiosa, nuestro héroe falleció en Matará en 1825 a los 66 años en pleno ejercicio de su apostolado eclesiástico, como lo consigna don Andrés Figueroa al evocar a los próceres de la autonomía santiagueña.
Y por último, otro dato harto contundente refuerza nuestras afirmaciones pues si bien Lavaysse era un exponente de la cultura europea, su formación intelectual era imperial. Había sido un general bonapartista y con la restauración borbónica debió exiliarse en América donde sirvió la causa emancipadora argentina. Pero si bien vivió en los Estados Unidos y conoció su sistema político antes de venir a estas tierras, al año siguiente de la Autonomía santiagueña, ya trasladado a Tucumán, publicó allí un opúsculo en 1821 sobre “Opiniones de los publicistas más célebres sobre las diversas formas de gobierno libre” como extracto de una obra inédita acerca del origen de los gobiernos, citada por Ricardo Rojas en su libro Las Provincias, de 1927.
Allí se pronuncia firmemente monárquico en reafirmación de sus ideales primerizos, por lo que cabe suponer un difícil entusiasmo autonomista y republicano en la redacción pretendida por Groussac del Acta santiagueña, indudablemente debida al licenciado Bravo de Zamora.
Una vez ordenado sacerdote, a partir de 1784 sirvió en Soconcho, luego tres años en la Reducción de Petacas, en 1796 se lo trasladó a Catamarca y vuelto a Santiago en 1802 vivió en la Reducción de Abipones y finalmente su destino estuvo como cura de Matará, desde donde venía a Santiago y tomaba participación en la vida pública. Esta actuación y su reconocida versación llevaron al Cabildo en 1813 a designarlo conjuntamente con D. Manuel Gregorio Caballero para tomar las pruebas de oposición a los maestros concursantes para ocupar la Escuela donada por el General Belgrano, que finalmente no llegó a inaugurarse. Igualmente, en la Asamblea electoral del 4 de abril de 1816 llamada a elegir uno de los dos diputados santiagueños al Congreso de Tucumán para acompañar a Uriarte, obtuvo dieciséis votos contra veinticuatro del presbítero Pedro León Gallo, en otro episodio de su prestigio y consideración a su versada capacidad. No extrañó entonces su elección en representación de Matará, donde estaba su ministerio, para la Asamblea de 1820 y la designación junto a Frías en la presidencia de la misma, para ocupar la secretaría del cuerpo. Con estos prestigios y las evidentes huellas del conocimiento del derecho público de raíz hispana conforme a su formación filosófica nutrida de la concepción suareciana del pacto político originario de toda autoridad, “convencidos del principio sagrado que entre hombres libres, no haya autoridad legítima sino la que dimana de los votos libres de los ciudadanos” -como dice el Manifiesto autonomista en demostración de las fuentes de su autor, no cabe dudas en la pertenencia a Bravo de Zamora. Y la mención concreta al régimen constitucional norteamericano pertenecía al conocimiento común del sistema federal desde los tiempos de Borges y las resonancias del artiguismo en Santiago.
Creemos, por eso, haber aportado una información necesaria para el esclarecimiento del autor de nuestros documentos fundadores, y es de justicia exaltar la figura del licenciado Fernando Bravo de Zamora en su real significación histórica, porque después de esa larga trayectoria civil y religiosa, nuestro héroe falleció en Matará en 1825 a los 66 años en pleno ejercicio de su apostolado eclesiástico, como lo consigna don Andrés Figueroa al evocar a los próceres de la autonomía santiagueña.
Y por último, otro dato harto contundente refuerza nuestras afirmaciones pues si bien Lavaysse era un exponente de la cultura europea, su formación intelectual era imperial. Había sido un general bonapartista y con la restauración borbónica debió exiliarse en América donde sirvió la causa emancipadora argentina. Pero si bien vivió en los Estados Unidos y conoció su sistema político antes de venir a estas tierras, al año siguiente de la Autonomía santiagueña, ya trasladado a Tucumán, publicó allí un opúsculo en 1821 sobre “Opiniones de los publicistas más célebres sobre las diversas formas de gobierno libre” como extracto de una obra inédita acerca del origen de los gobiernos, citada por Ricardo Rojas en su libro Las Provincias, de 1927.
Allí se pronuncia firmemente monárquico en reafirmación de sus ideales primerizos, por lo que cabe suponer un difícil entusiasmo autonomista y republicano en la redacción pretendida por Groussac del Acta santiagueña, indudablemente debida al licenciado Bravo de Zamora.
Fuente:
ALÉN LASCANO, Luis C., "El Acta y Manifiesto de la Autonomía santiagueña", en El Liberal, 27 de abril de 2006.




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